El Gobierno anunció que suspendió 110.522 pensiones no contributivas por discapacidad laboral tras detectar irregularidades en una revisión masiva realizada por la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) el pasado 8 de agosto. La medida también incluyó la baja de 8.107 beneficios de personas fallecidas y 10.038 de titulares que renunciaron.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó: “El objetivo es que estas pensiones estén otorgadas solo a quienes realmente las necesitan”. Indicó que el 60% de los beneficiarios no se presentó a verificar la documentación exigida.
Irregularidades halladas
Entre las irregularidades se detectaron estudios médicos idénticos presentados en varias solicitudes. “En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio”, señaló Adorni. Además, recordó un caso en Chaco donde una misma radiografía de hombro se usó como prueba en 150 pensiones diferentes durante la gestión anterior.
Una depuración para transparentar
El proceso apunta a recuperar la transparencia y garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes cumplen con las condiciones legales para acceder a estos beneficios.
El vocero agregó que estas bajas representan un ahorro mensual aproximado de 35 mil millones de pesos para el Estado. “Este mecanismo no es novedoso, pero ahora lo estamos aplicando con más profundidad”, finalizó.