Álvaro Uribe, ex presidente colombiano, fue condenado a 12 años de prisión en una histórica sentencia dictada por la jueza Sandra Heredia el 4 de agosto de 2025. Esta es la primera condena de este tipo en la historia del país.
El fallo judicial se da en el marco de un proceso que inició por vínculos con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se amplió a casos de soborno y manipulación de testigos.
Contexto del conflicto y carrera política
En 1983, Nelly Ávila Moreno, vinculada a las FARC-EP, intentó secuestrar a Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, que murió en el tiroteo. Dos décadas después, Álvaro Uribe llegó a la presidencia y lideró, con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, la ofensiva más dura contra las FARC, lo que le otorgó enorme popularidad.
Entre los logros de su gobierno está la liberación de Ingrid Betancourt tras seis años cautiva, mientras que sus fuerzas militares dieron golpes decisivos a la guerrilla. Sin embargo, siempre estuvo en la mira por presuntas conexiones con grupos paramilitares.
Investigaciones y posibles consecuencias
Además de la condena, se investigan desapariciones forzadas y los llamados “falsos positivos”, víctimas civiles presentadas como guerrilleros abatidos. Uribe sostiene que es víctima de una persecución política, pero la investigación apunta a aprobaciones judiciales que podrían estar basadas en evidencias sólidas o presiones políticas.
Esta condena marca un antes y un después en la justicia colombiana y abre preguntas sobre la rendición de cuentas en gobiernos pasados.