Córdoba atraviesa un escándalo tras la detención de Ochoa Roldán, jefe de la Caminera, acusado de usar su cargo para cometer delitos junto a otros policías. El hecho, ocurrido en Córdoba y confirmado el 27 de junio, golpea de lleno la confianza en la fuerza y suma un nuevo dolor de cabeza al Ministerio de Seguridad provincial.
Desconfianza y responsabilidad política
La relación entre la ciudadanía y la Policía Caminera ya venía desgastada, pero este episodio la terminó de romper. El caso expuso una responsabilidad política central porque la Caminera, una sección policial que aún conservaba cierto respeto social, quedó en el ojo de la tormenta tras las sospechas y detenciones.
Ochoa Roldán y otros policías están acusados de formar parte de una banda que usaba datos oficiales para delinquir. Que el fiscal Guillermo González, conocido por no ser implacable con el poder, haya ordenado estas detenciones, habla de la gravedad de los hechos.
La reacción oficial, bajo la lupa
En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el fiscal González intentaron despegar las multas de tránsito de los delitos, pero admitieron que Ochoa Roldán usó su cargo para acceder a datos reservados. “Para mí tenía una foja intachable y no hice otra averiguación”, reconoció Quinteros sobre el ascenso del comisario.
Casi todos los antecedentes de Ochoa Roldán están relacionados con el actual jefe de la Policía, Héctor Gutiérrez, de quien fue secretario privado. Aun si se prueba que no hubo uso de multas para los delitos, la imagen de la Caminera quedó destrozada y será difícil recomponer la confianza.
También hay dudas por la designación de Alejandro Mercado como subjefe de la Policía, quien tiene antecedentes de faltas desde 2007, según la confirmación de su prisión preventiva.
El ministerio, en jaque
Quinteros apareció dubitativo y sin respuestas claras. Su permanencia en el cargo parece pender de un hilo, igual que pasó con su antecesor, Alfonso Mosquera, que se quedó porque no encontraban reemplazo.
La crisis de la Seguridad es el mayor problema del Gobierno provincial y el epicentro de los reclamos ciudadanos. El gobernador Llaryora y Quinteros vuelven a enfrentarse con una dolorosa realidad: “no todos los de azul son los buenos”.
Fuente: El Doce (link).