Una jueza estadounidense ordenó ejecutar una sentencia contra el Estado argentino por la expropiación de YPF, exigiendo una indemnización sin precedentes de U$S 16.000 millones. El fallo fue emitido por Loretta Preska en Estados Unidos y se conoció este 3 de julio, abriendo un fuerte debate político y económico sobre las causas y cómo seguir adelante.

Preska ordenó que Argentina transfiera su parte controlante en YPF a los demandantes, tras considerar que se violaron derechos en la expropiación. El Gobierno nacional respondió que apelará la medida y anunció que analiza opciones para reducir el impacto económico de la sentencia.

¿Por qué Argentina perdió el juicio?

La raíz del conflicto está en la intervención estatal sobre YPF en abril de 2012, sin respetar el estatuto interno que exigía ciertas condiciones para esa operación. El grupo español Repsol, que tenía el 51% de las acciones, fue indemnizado tras llegar a un acuerdo en 2014. Sin embargo, otros accionistas, entre ellos el grupo Petersen, llevaron su reclamo a la Justicia estadounidense porque consideraron que recibieron un trato desigual y fuera de las reglas.

El grupo Petersen había ingresado a YPF tras gestiones políticas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Posteriormente, sus derechos litigiosos fueron comprados por fondos privados que ahora lograrían la considerable suma tras la sentencia de Preska.

Un fallo que sacude a toda la política

La discusión sobre quien es responsable incluye a varios nombres clave, como Carlos Zannini, con roles legales relevantes a lo largo del proceso. Lo concreto es que la medida obliga al país a buscar una solución urgente, porque las consecuencias económicas pueden afectar tanto a la generación actual como a las futuras.

El desafío es enorme: la Argentina debe decidir cómo responde ante la condena, más allá de debates partidarios y acusaciones cruzadas. El problema exige enfoque y decisiones racionales frente a una crisis que golpea el bolsillo de todos.

Fuente: La Voz (link).