Por Federico Giammaría
La política, a veces, se expresa más en decisiones que en discursos. En las últimas semanas, Martín Llaryora y Javier Milei ofrecieron señales opuestas frente a una de las problemáticas más sensibles de la coyuntura: la situación de los jubilados.
En Córdoba, el gobernador anunció una suba fuerte de la jubilación mínima provincial: pasará de $380.000 a $700.000, y más de la mitad de los beneficiarios recibirán un bono bimestral adicional de $100.000. La medida busca mitigar el deterioro provocado por la inflación, pero también le permite a Llaryora diferenciarse políticamente en un contexto donde el Gobierno nacional prioriza el ajuste fiscal.
Desde Nación, en cambio, Milei reiteró su rechazo a cualquier tipo de gasto adicional que complique su objetivo de déficit cero. Anticipó que vetará la ley que establece una suba del 7,2% en las jubilaciones nacionales y eleva el bono previsional de $ 70.000 a $ 110.000. Para el Presidente, esa política constituye un “parche” que no resuelve los problemas estructurales del sistema previsional.
Los enfoques no podrían ser más distintos. Mientras el Gobierno cordobés asume un costo fiscal adicional para reforzar el ingreso de los jubilados provinciales (unos 116.000 en total, de los cuales el aumento alcanzará a unos 5.800), Milei considera que cualquier concesión de este tipo compromete la consistencia del rumbo económico.
Ambas decisiones están cargadas de simbolismo. Llaryorabusca posicionarse como un dirigente sensible, dispuesto a priorizar lo social, incluso a riesgo de tensionar las finanzas de la Provincia. Pero no está exento de críticas: la medida beneficia a una porción reducida del universo jubilatorio y puede interpretarse como un gesto con fines electorales, en medio de un calendario político cargado.
Además, algunos economistas advierten que esa política puede ser difícil de sostener en el tiempo si no hay una mejora real en los ingresos fiscales.
Milei, por su parte, refuerza su perfil de intransigencia con el gasto público. Aun cuando la ley en cuestión obtuvo amplio respaldo en el Congreso, insiste en que no permitirá avances que pongan en riesgo su programa de ajuste. Sus críticos le reprochan insensibilidad social y una mirada tecnocrática que desatiende la urgencia de sectores muy castigados, como los jubilados, especialmente en provincias como Córdoba, donde hay más de 630.000 beneficiarios del sistema nacional.
En definitiva, la discusión excede los números. Lo que se juega es una diferencia de modelo: el equilibrio fiscal como principio innegociable, o el uso del Estado para amortiguar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables.
¿Quién tiene razón? ¿El que busca ordenar las cuentas o el que intenta aliviar la situación del presente inmediato? La respuesta puede no ser binaria. Ambos dirigentes asumen riesgos. Llaryora enfrenta el desafío de sostener su decisión sin comprometer otras áreas sensibles del presupuesto provincial. Milei, el de sostener su autoridad frente al Congreso y a una sociedad que empieza a mostrar señales de agotamiento frente al ajuste.
Las elecciones de octubre, donde se medirán fuerzas políticas en todo el país, podrían ofrecer la primera evaluación concreta sobre qué narrativa convence más a la ciudadanía.
Por ahora, ambos parecen hablarle a públicos distintos, con visiones que difícilmente puedan reconciliarse.